México vota por primera vez a jueces federales enmedio de tensiones políticas: una reforma histórica con profundas consecuencias
- Calibaja News Agency
- 4 jun
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Por CaliBaja News Agency
El pasado 1 de junio, México vivió un hecho sin precedentes en su historia democrática: por primera vez, se llevaron a cabo elecciones populares para elegir a jueces y magistrados federales.
Esta jornada electoral marcó un giro radical en el sistema de justicia del país, como resultado de una controvertida reforma constitucional impulsada por la coalición gobernante Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el respaldo del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la recién electa presidenta Claudia Sheinbaum.
La elección judicial formó parte del llamado Plan C, un ambicioso proyecto que busca reformar a fondo el Poder Judicial, argumentando que éste ha sido por décadas una institución distante, opaca y controlada por élites. Sin embargo, la implementación de estas elecciones ha generado una fuerte polarización en el país, provocando protestas masivas, disputas legales y señalamientos de manipulación por parte del Estado.
La reforma modificó profundamente la estructura del Poder Judicial. A partir de ahora, los jueces y magistrados federales serán elegidos por voto popular, reemplazando el antiguo sistema de designación por parte del Ejecutivo y el Senado.
El número de ministros de la Suprema Corte se redujo de 11 a 9, con mandatos únicos de 12 años.
Los jueces de circuito y distrito fueron elegidos por periodos de 9 años con posibilidad de reelección, mientras que los magistrados electorales y miembros del nuevo Tribunal Disciplinario Judicial ejercerán cargos de 6 años.
El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó esta inédita jornada, dividiendo el país en 60 distritos judiciales dentro de los 32 circuitos federales. Cada votante recibió seis boletas correspondientes a los distintos niveles judiciales. No obstante, el proceso fue criticado por su complejidad, falta de información clara y la ausencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo cual generó incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia del conteo de votos.
Diversos actores políticos y organizaciones de la sociedad civil han señalado graves anomalías durante el proceso electoral. Desde la distribución de “acordeones” (guías de voto) por parte de funcionarios en Ciudad de México y Nuevo León, hasta la circulación anticipada de listas de candidatos afines al partido gobernante, la legitimidad del ejercicio ha sido severamente cuestionada.
En Durango, por ejemplo, todos los candidatos a jueces compitieron sin oposición, lo cual desató críticas sobre un proceso amañado.
Además, algunos postulantes tenían antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado, lo que pone en entredicho la integridad del nuevo sistema.
La presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, calificó la elección como “una farsa orquestada desde el poder”, argumentando que fue una simulación de democracia para imponer a personas leales al gobierno actual. “No se trató de una elección libre e informada. La mayoría de los ciudadanos no conocía a los candidatos ni sus trayectorias”, afirmó.
Más allá de los cuestionamientos inmediatos, la reforma judicial tendrá profundas repercusiones en el sistema legal mexicano. La elección popular de jueces plantea una tensión fundamental entre democracia participativa e independencia judicial. Si bien puede parecer una forma de empoderar a la ciudadanía, existe el riesgo de que los juzgadores se conviertan en figuras políticas sujetas a intereses partidistas o electorales, en lugar de defensores imparciales del Estado de Derecho.
Expertos en derecho constitucional han advertido que someter a jueces a procesos electorales puede debilitar su autonomía, ya que deberán hacer campaña, buscar respaldo político y, eventualmente, rendir cuentas no sólo ante la ley, sino ante los votantes y las fuerzas que los llevaron al poder.
Organismos como la Barra Mexicana de Abogados y asociaciones internacionales de juristas han alertado sobre el debilitamiento de los contrapesos institucionales, lo cual podría derivar en una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.
En este sentido, algunos comparan esta reforma con modelos autoritarios disfrazados de democracia, donde la apariencia de participación ciudadana en realidad enmascara el control centralizado del poder.
En respuesta a estas preocupaciones, diversas organizaciones ciudadanas convocaron a manifestaciones el mismo día de la elección. La protesta más grande se llevó a cabo en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, pero también hubo movilizaciones en varias capitales estatales.
El movimiento SomosMX, surgido de las movilizaciones de la Marea Rosa, fue uno de los principales impulsores de la observación electoral y la vigilancia ciudadana.
INE reportó una participación sin precedentes en la solicitud de observadores electorales, con más de 317,000 aplicaciones recibidas. Sin embargo, se rechazaron más de 38,000 solicitudes por vínculos partidistas, especialmente con Morena. Esta cifra evidencia el creciente interés cívico, pero también la politización del proceso.
Por otro lado, figuras públicas como el empresario Ricardo Salinas Pliego y el expresidente Vicente Fox hicieron llamados abiertos al boicot electoral, acusando al gobierno de orquestar un fraude. Estas posturas reflejan la polarización que ha acompañado a la reforma desde sus inicios.
La elección del 1 de junio no sólo marca un punto de inflexión para el sistema judicial mexicano, sino que podría convertirse en un precedente para otras reformas estructurales bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque ella ha prometido respetar la libertad de expresión, prensa y protesta, su cercanía con López Obrador y su respaldo al Plan C generan dudas sobre si su administración mantendrá un equilibrio entre el poder político y las instituciones autónomas.
El reto que enfrenta México no es menor. La democratización de la justicia debe garantizar la imparcialidad y competencia de sus jueces, evitando caer en el clientelismo o la manipulación política.
El futuro del país dependerá de que esta reforma, por muy polémica que sea, se implemente con apego a los principios constitucionales y a los más altos estándares de transparencia y legalidad.
La historia recordará el 1 de junio como el día en que México intentó reinventar su justicia a través del voto. El tiempo dirá si fue un avance democrático... o el inicio de una nueva forma de control del poder judicial.
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