El Fiscal General Rob Bonta y la Secretaria de CalHHS Kim Johnson analizan acciones contra la norma de “carga pública” y su impacto en California
California y otros 21 estados han presentado demandas para bloquear la modificación de la norma de "carga pública" de la administración Trump, la cual entró en vigor el 18 de septiembre. En la sesión informativa de American Community Media, los ponentes compartieron sus perspectivas sobre dichas demandas, el impacto de este cambio normativo y dónde pueden acudir los californianos para obtener recursos e información.
Kim Johnson, Secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CalHHS), comentó que es muy importante que los californianos entiendan qué decisiones y qué opciones tienen, y que comprendan esta norma y muchas otras que, francamente, han cambiado recientemente por parte de la administración federal; la HR1 es otra que está causando mucho miedo y confusión.
Esto es intencionalmente caótico; la incertidumbre es intencional y, con la norma de "carga pública", se observa un efecto disuasorio muy significativo. Eso significa que las personas que siguen siendo elegibles y pueden acceder a estos servicios esenciales para necesidades básicas se están dando de baja o deciden no solicitarlos por miedo. El gran desafío que tiene CalHHS es que la gente entienda que esta norma de carga pública no se aplica a todos los inmigrantes. Muchas categorías están exentas por estatuto, tales como los refugiados, las personas a las que se les ha concedido asilo y otras. La norma de carga pública se aplica principalmente a las personas que solicitan la residencia permanente (green card) a través de un familiar o un empleador.
California cuenta con un conjunto muy sólido de servicios y recursos legales para apoyar a las personas, no solo con trámites migratorios, sino también para responder a sus dudas. Por ello, antes de que una persona tome la decisión sumamente difícil de darse de baja de recursos como el acceso a la atención médica y a los alimentos, se recomienda que consulte a un experto de confianza para determinar si la norma de carga pública se aplica a su caso y a sus circunstancias específicas. CalHHS cuenta con un sitio web; ahí encontrarán una guía sobre la carga pública que pueden consultar. Dicha guía facilita el acceso a proveedores de servicios legales con quienes se puede interactuar y plantear preguntas sobre sus circunstancias particulares.
Se ha observado una disminución en las inscripciones a los programas principales, como Medi-Cal y CalFresh. Estas bajas no solo han sido por la norma de carga pública, sino también por otras políticas federales como la HR1, que tiene distintos plazos de implementación a lo largo del tiempo. Existen disposiciones que limitarán quiénes pueden acceder ahora a beneficios como la asistencia alimentaria de CalFresh y los recursos de Medi-Cal. Pero incluso antes de que entren en vigor algunos de esos requisitos, se está mirando que las personas toman su propia decisión, su propia elección, y se dan de baja de esos recursos fundamentales por miedo.
California también cuenta con diversos beneficios de salud y servicios sociales financiados por el estado para apoyar a los residentes de una manera diferente a como el gobierno federal ha decidido a quién apoyar y, por eso, es tan importante entender si puede acceder a esto, lo que necesita o no, si cumple con los requisitos para este recurso, porque California, tanto el gobernador Newsom como la legislatura de California, han invertido en recursos adicionales. CalHHS ha estado invirtiendo en una red de organizaciones comunitarias, para contar con personas que comprendan la información que transmiten, comparten con ellas las políticas que están cambiando y cómo desenvolverse en la situación actual; pero son muy conscientes de que la confianza y las relaciones son fundamentales, y de que esto debe ocurrir a nivel local, con personas de confianza.
Hay muchas herramientas en el sitio web del Fiscal General para ayudarnos a orientarnos. Y, una vez más, contamos con ciertas leyes y disposiciones estatales. Además, creo que hay legislación en trámite que actualmente está pendiente de la decisión del gobernador.
Rob Bonta, Fiscal General de California, comentó que, a principios de este mes, California, junto con Nueva York e Illinois, encabezó una coalición de 22 fiscales generales para demandar a la administración Trump por su nueva norma sobre la "carga pública". Esta nueva norma otorga a los agentes de inmigración una discrecionalidad prácticamente ilimitada para denegar la residencia permanente (green card) a alguien porque solicitó, o fue aprobado para recibir, o recibió beneficios de un programa de asistencia pública, independientemente del motivo o la duración. Se trata de una política cruel, está diseñada para obligar a las familias inmigrantes a renunciar a la atención médica y a los programas de asistencia alimentaria, incluso si los necesitan, por temor a que su uso pueda poner en peligro su estatus migratorio. Y, lo que es más importante, es que esta norma es ilegal.
Por más de un siglo, el concepto de "carga pública" se ha referido a alguien que depende principalmente del gobierno para su sustento económico y sus necesidades básicas de supervivencia. No se refiere a la asistencia alimentaria, no significa recibir ayuda para el alquiler ni utilizar servicios médicos públicos para llevar a su hijo. Los programas de beneficios públicos existen para que una familia pueda garantizar alimentos nutritivos en la mesa, para que pueda mantener un techo sobre sus cabezas en tiempos difíciles y para que un niño reciba atención médica preventiva antes de que un problema de salud se convierta en una emergencia. Sin embargo, esta norma considera todo esto como motivo para negar la residencia permanente a los inmigrantes. Establece que, si un niño es ciudadano estadounidense pero sus padres no lo son, bajo esta norma, los beneficios que el niño recibe legalmente pueden utilizarse en contra de sus padres.
La administración quiere castigar a las familias inmigrantes por utilizar beneficios a los que sus hijos tienen pleno derecho legal y de los que dependen. El Congreso nunca tuvo la intención ni autorizó a los funcionarios de inmigración a tener una discrecionalidad ilimitada para negar el estatus legal a alguien por utilizar programas gubernamentales. Pero eso es exactamente lo que esta norma les permite hacer y por eso se le pidió al tribunal que anule esta norma ilegal y las directrices que la acompañan, porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Esta norma podría afectar a millones de familias, tanto de ciudadanos estadounidenses como de no ciudadanos.
Esta es solo la última maniobra de la interminable e inhumana campaña antiinmigración de Trump, que a menudo viola la ley. Es una campaña que continuará, y a la que se seguirá combatiendo. La primera vez que el presidente Trump intentó modificar la norma de "carga pública", se llevó a los tribunales y se detuvo.
Rob Bonta dijo que, como fiscal del pueblo, seguirá luchando por los derechos de los inmigrantes, por la salud y el bienestar de cada californiano, y por la democracia.
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