La norma de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre: ¿a quiénes afecta y qué hacer?
Por Alma Contreras
La nueva norma sobre la “carga pública” de la administración Trump entrará en vigor el 18 de septiembre. Incluso antes de su implementación formal, la medida ha generado temor en las comunidades inmigrantes y en las familias de estatus migratorio mixto, aumentando la ansiedad respecto al acceso a beneficios públicos.
American Community Media, durante una sesión informativa, analizó lo que está en juego para los residentes de California y el impacto de la nueva norma en las diversas comunidades del estado.
Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families Coalition, mencionó que es lamentable hablar sobre este tema y el impacto que ya está teniendo en las comunidades. Señaló que es sumamente importante tener claro a quiénes afecta, dónde ocurre y cómo se puede apoyar y ayudar a las familias inmigrantes.
Tras una oposición pública sin precedentes, los tribunales federales anularon en 2021 la norma de 2019 sobre la “carga pública”. Posteriormente, en 2022, se formalizó una normativa federal que restringía nuevamente la evaluación de carga pública a la asistencia en efectivo y los cuidados de larga duración.
Cadena señaló que la segunda administración de Trump ha vuelto a utilizar la norma de “carga pública” para desestabilizar a las familias inmigrantes y colocarlas, junto con sus hijos nacidos en Estados Unidos, en una situación de privación. La nueva norma revoca la regulación de carga pública de 2022, incluidas esas protecciones, y abre la puerta a que el proceso de obtención de la residencia permanente, conocida como green card, esté sujeto a una mayor discrecionalidad por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo con Cadena, los funcionarios del DHS ahora pueden tomar en cuenta programas de la red de seguridad social, incluidos programas como Medicaid y WIC. Añadió que la principal preocupación es el efecto disuasorio que la política puede generar entre las familias inmigrantes, provocando que algunas eviten acceder a beneficios por temor a perjudicar un proceso migratorio.
Ariel Brown, abogada principal del Immigrant Legal Resource Center, explicó que durante la primera administración de Trump se añadieron más factores y consideraciones que hicieron que la prueba de “carga pública” fuera más estricta y difícil de superar. Esta vez, señaló, el enfoque es diferente al eliminar restricciones y parámetros, haciendo que la evaluación sea más subjetiva y discrecional.
Brown destacó que es importante que las personas sepan que esta norma no se aplica a todos los inmigrantes. No afecta a refugiados, solicitantes de asilo, titulares de visas TN, residentes permanentes que solicitan renovar su tarjeta o convertirse en ciudadanos estadounidenses, entre otros. Asimismo, una persona que no tiene una vía migratoria inmediata y no planea presentar una solicitud de inmigración no está sujeta actualmente a la prueba de carga pública.
Sarah Dar, vicepresidenta de Políticas y Defensa de Derechos de The Children’s Partnership, presentó datos sobre los niños y las familias inmigrantes en California que podrían verse afectados. Explicó que es difícil determinar una cifra exacta debido a las diferentes circunstancias relacionadas con el estatus migratorio de cada persona.
Según Dar, el 44% de los 8.6 millones de niños menores de 18 años en California vive con al menos un progenitor nacido fuera de Estados Unidos. Esto equivale a más de 3.7 millones de niños que viven en familias inmigrantes, y la gran mayoría nació en Estados Unidos y tiene ciudadanía estadounidense. También señaló que el 17% de los niños de familias inmigrantes vive por debajo del umbral federal de pobreza, en comparación con el 13% de los niños cuyos padres nacieron en Estados Unidos.
Una encuesta RAPID, basada en respuestas recopiladas entre septiembre de 2025 y junio de 2026, encontró que el 61% de los padres encuestados en California expresó preocupación de que la aplicación de las leyes migratorias pudiera afectar su acceso a servicios de cuidado infantil. El 66% informó sentir una menor sensación de seguridad y pertenencia debido a las medidas de control migratorio en sus comunidades, mientras que el 62% señaló la pérdida de empleo o dificultades económicas como algunas de sus consecuencias.
Además, el 58% reportó una disminución de la confianza en las instituciones y el mismo porcentaje indicó que sus hijos experimentaban miedo, estrés y ansiedad. El 57% reportó separación familiar y el 49% informó que sus hijos faltaban a la escuela o experimentaban dificultades de aprendizaje o desarrollo.
Dar explicó que el uso de determinados beneficios sujetos a requisitos económicos puede formar parte de los factores considerados bajo la nueva política. Entre los programas mencionados durante la sesión estuvieron Medicaid, Medi-Cal en California, SNAP o CalFresh y diferentes formas de asistencia para el alquiler. Señaló que los cambios pueden generar confusión y decisiones difíciles entre las personas que pudieran estar sujetas a la norma de “carga pública”.
También destacó que existen clínicas comunitarias, centros de salud, centros de salud calificados a nivel federal y organizaciones sin fines de lucro en todo el estado a las que las personas pueden acudir para recibir determinados servicios de salud, muchos de ellos gratuitos o con costos ajustados según los ingresos.
Cheryl Branch, directora ejecutiva de Los Angeles Metropolitan Churches, explicó que su organización forma parte de una red comunitaria integrada por organizaciones religiosas y comunitarias que trabaja directamente con residentes del sur de Los Ángeles.
Branch señaló que estas organizaciones utilizan sus espacios y recursos para atender necesidades que podrían quedar desatendidas, desde transporte para acudir a una cita de diálisis hasta apoyo para el copago de medicamentos o la adquisición de un tensiómetro.
La alimentación también representa una de sus principales áreas de apoyo mediante despensas de alimentos administradas por grupos religiosos y programas de cocina.
Explicó que el trabajo no se limita a intervenciones relacionadas con la salud, sino que también incluye apoyo económico, oportunidades de trabajo temporal y acciones destinadas a mantener recursos circulando dentro de la comunidad. Además, cuentan con personal de campo capacitado bajo un enfoque de atención informada sobre el trauma y acción colectiva, priorizando la voz de la comunidad.
Daniel Torres, director de Equidad y asesor legal especial de California Health & Human Services Agency, señaló que la nueva política elimina parámetros que habían estado vigentes durante años y establece una definición más amplia de lo que podría considerarse un beneficio público para efectos de la carga pública, incluyendo determinados beneficios sujetos a requisitos económicos financiados por agencias estatales y locales.
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