La Proposición 44 castiga a las clínicas que ayudan al Valle de Coachella a sobrevivir sus veranos de más de 100 grados
Para junio, partes del Valle de Coachella suelen alcanzar los 110 grados, y el trabajo al aire libre no se detiene por el calor. Los trabajadores agrícolas de los huertos de dátiles y los campos de cultivo, los jardineros, y el personal de hoteles y campos de golf siguen trabajando bajo ese calor, mucho después de que los visitantes de temporada que llenan el valle en los meses más frescos ya se han ido. Cuando a alguien le da un golpe de calor o se deshidrata, una clínica comunitaria suele ser la primera y única opción lo bastante cerca para llegar a tiempo, a veces la única que sigue abierta en las comunidades agrícolas más pequeñas del extremo este del valle. La Proposición 44 trata ese tipo de atención como algo opcional.
La medida exige que las clínicas comunitarias sin fines de lucro destinen al menos el 90 por ciento de sus ingresos a lo que el estado llama "servicios del programa," o paguen una multa. Pareciera rendición de cuentas. Pero en la práctica, la unidad móvil de salud que llega a un campamento de trabajadores cerca de Mecca o Thermal, y el trabajador comunitario de salud que hace seguimiento a alguien después de haber sido tratado por un golpe de calor, nada de eso cuenta para ese 90 por ciento, porque sucede fuera del consultorio. Una clínica que hace exactamente el tipo de trabajo de alcance comunitario que este valle necesita, puede aun así, no cumplir con las cuentas que el estado espera.
Analistas independientes no ven esto como un ajuste menor. Berkeley Research Group calcula un impacto de 1,700 millones de dólares para las clínicas comunitarias de todo el estado en el primer año, con casi dos tercios de ellas cayendo en números rojos, mientras que el Analista Legislativo no partidista de California advierte claramente que las clínicas podrían cerrar y que los pacientes desplazados elevarían los costos de salud en todo el estado en más de mil millones de dólares al año, principalmente por visitas a salas de emergencia que una clínica podría haber evitado. Y eso sin contar los recortes federales a la salud que ya están programados para aplicarse gradualmente en los próximos años, recortes que golpearán con más fuerza precisamente a estas comunidades del desierto, donde el cierre de una clínica no significa un trayecto más largo dentro de la misma ciudad, sino un trayecto más largo a través de todo el valle.
Bajo esta medida, es el Fiscal General del estado quien decide cuáles de esos gastos cuentan, no los propios médicos de la clínica ni los pacientes a quienes atiende, aunque la ley federal ya exige que esos mismos pacientes ocupen la mayoría de los asientos en la junta directiva de la clínica. Si no se alcanza la meta, la multa sale del mismo fondo destinado a la atención médica.
Clínicas de Salud del Pueblo lleva haciendo este trabajo desde 1970, cuando se fundó en el condado de Imperial como una de las primeras clínicas del estado creadas específicamente para familias de trabajadores agrícolas. Hoy opera diez centros de salud y cinco clínicas dentales, incluyendo sedes aquí en el Valle de Coachella, y atiende a más de 50,000 pacientes en los dos valles. Ese alcance es justamente la razón por la que la California Primary Care Association, California Medical Association, California Hospital Association y California Academy of Family Physicians se oponen a la Proposición 44: quienes dirigen estas clínicas saben que una fórmula del 90 por ciento no refleja cómo se brinda la atención médica aquí, y esta publicación pide a sus lectores votar NO este noviembre.
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