Las nuevas normas sobre la "carga pública" tienen un efecto disuasorio en los inmigrantes y sus hijos
- Alma Contreras
- hace 2 días
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Por Alma Contreras
La administración Trump ha reactivado la regla de carga pública, ampliando drásticamente su alcance. Esta regla niega la residencia permanente a los solicitantes que utilizan o vayan a utilizar beneficios públicos como Medicaid, asistencia para la vivienda o cupones de alimentos.
La regla, que entrará en vigor el 18 de septiembre, otorga amplia autoridad a los funcionarios de inmigración para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública. Incluso antes de su implementación, la regla ya ha generado un efecto disuasorio: muchas familias inmigrantes han abandonado programas esenciales de asistencia social para alimentación y atención médica por temor a que se les aplique la regla de carga pública.
Durante la rueda de prensa de American Community Media, los invitados ofrecieron una descripción general de la nueva regla de “carga pública” y explicaron a quiénes podría afectar. También abordaron su posible impacto en los niños, particularmente aquellos que forman parte de familias con estatus migratorio mixto, así como los cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Xiao Wang, cofundador y director ejecutivo de Boundless Immigration, comentó que han ayudado a miles de familias y empleadores a navegar por el sistema de inmigración de EE. UU., es por eso que siguen muy de cerca estas normas que entraran en vigor en septiembre y su alcance es más amplio que el estándar vigente desde 2022.
En el escenario anterior, los funcionarios de inmigración aplicaban criterios específicos para denegar una solicitud de tarjeta de residencia, ahora tienen un amplio margen de discrecionalidad para denegar la tarjeta de residencia (green card), no solo si las personas han recibido beneficios sujetos a prueba de recursos económicos como Medicare, asistencia alimentaria o ayuda para la vivienda, sino también si existe la posibilidad de que en algún momento futuro dependan de estos beneficios.
Esto no es algo nuevo, ha formado parte de la ley federal de inmigración desde 1882, existe el principio de que el USCIS puede impedir que cualquier persona inmigre o se convierta en residente permanente si existiera la posibilidad de convertirse en una "carga pública". Así que desde 1999 hasta 2019, la definición era bastante restringida. Se consideraba "carga pública" a quien dependía principalmente del gobierno lo cual se demostraba mediante ayudas en efectivo, SSI, TANF o atención institucional a largo plazo. Esto se reflejaba en el nivel de ingresos y activos que el solicitante declaraba en su trámite de inmigración. Con el tiempo, a partir de 2019, la definición se amplió para incluir Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para la vivienda, además de los requisitos del nuevo formulario que los solicitantes debían presentar.
A partir del 18 de septiembre la definición restringida basada en el efectivo de la norma de "carga pública" de 2022 será revocada, volviendo a la norma anterior. Esto significa volver a la norma previa; se pasa de algo mucho más objetivo y basado en cifras a algo más discrecional. Así que los funcionarios volverán a evaluar lo que llaman la "totalidad de las circunstancias" caso por caso.
Lo que incluye esa “totalidad de las circunstancias”, es su edad, su salud, su situación familiar, sus recursos financieros y activos, su educación y sus habilidades, así como cualquier otra prueba de que es autosuficiente. Ahora se adopta este enfoque holístico, que es mucho más matizado y complejo. Esto hará que los trámites de solicitud sean más difíciles y probablemente requieran más tiempo para su resolución. El grupo principal de personas está compuesto por aquellos que solicitan la tarjeta de residencia permanente (green card) desde dentro de los Estados Unidos —lo que técnicamente se denomina ajuste de estatus— y también por personas que solicitan la residencia permanente mientras se encuentran fuera de los Estados Unidos.
Existen exenciones específicas establecidas por ley, y la nueva norma no modifica eso. Por tanto, los refugiados y solicitantes de asilo, así como los menores inmigrantes con estatus especial niños que han sufrido abusos, abandono o negligencia y las víctimas de trata, y ciertos delitos, como los relacionados con las visas T y U, o aquellos amparados por la VAWA la Ley de Violencia contra la Mujer. Así que, si usted está solicitando la residencia a través de una de esas categorías exentas por el Congreso, esta norma no se le aplica. Tampoco se aplica la regla de "carga pública" a la naturalización o ciudadanía estadounidense. Para las familias que están listas para proceder, el paso más útil es presentar la solicitud antes del 18 de septiembre.
Joan Alker, Directora Ejecutiva del Centro para Niños y Familias y Profesora de Investigación en la Escuela de Políticas Públicas McCourt de Georgetown, dijo que su misión es garantizar que todos los niños, familias y comunidades tengan acceso a atención médica de alta calidad.
El tema de la "carga pública" y, en un sentido más amplio, lo que llaman el "efecto disuasorio" en los niños que viven en familias de estatus migratorio mixto, es decir, niños que son ciudadanos, pero que tienen un padre o madre inmigrante o incluso naturalizado. Esto afecta a uno de cada cuatro niños en los Estados Unidos. También se trabaja en temas relacionados con el acceso a la atención médica para niños que no son ciudadanos, ya sea que residan legalmente o que sean indocumentados.
Se trabaja en el ámbito de Medicaid y del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP); en conjunto, estos programas pueden tener nombres distintos según el estado, como en California, donde se llama Medi-Cal, se habla de que entre el 40 y el 50 % de los niños en los Estados Unidos obtienen su seguro médico a través de Medicaid o CHIP. La gran ley presupuestaria del año pasado, la HR1, que recortó Medicaid de una manera nunca vista antes, se aplicaron recortes de casi un billón de dólares a Medicaid y CHIP, y eso es muy preocupante. La mayoría de esos recortes no entrarán en vigor realmente hasta 2027. Lo que se ha estado observando desde que el presidente Trump asumió el cargo es que 2.3 millones menos de niños inscritos en Medicaid y CHIP, es una cifra devastadora. Por primera vez en la historia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha declarado que compartirá datos de Medicaid y CHIP con el ICE.
Dr. Giridhar Mallya, Médico de Salud Pública y Alto Funcionario de Políticas de la Robert Wood Johnson Foundation, mencionó que la norma de carga pública va a agravar aún más una situación que ya es difícil, generará más miedo en las comunidades de inmigrantes que han vivido aterrorizados durante los últimos 18 meses.
Habló sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP que es un programa gubernamental que ayuda a las personas a costear sus alimentos y constituye un salvavidas fundamental para unos 37 millones de personas en este país. SNAP atiende a quienes viven cerca o por debajo del nivel federal de pobreza; cerca de cuatro de cada diez participantes de SNAP son niños, también presta servicios a personas mayores, personas con discapacidad y a muchísimos adultos que trabajan pero que aun así no pueden pagar sus necesidades básicas. El beneficio mensual promedio de SNAP equivale a unos 350 dólares por hogar.
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