¿Son seguros nuestros votos? Derechos electorales, identificación del votante y las elecciones de 2026
- EL INFORMADOR DEL VALLE
- hace 13 horas
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Por Alma Contreras
Lo segundo que está ocurriendo son los intentos de restringir el derecho a registrarse para votar, el derecho a emitir un voto, el derecho a que su voto sea contado. Parte de esto viene del ámbito federal. Las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump sin la acción del Congreso, no tienen efecto porque el presidente, según la constitución, no tiene autoridad alguna para regular las elecciones. Por eso Trump está presionando tan fuerte ahora para que se apruebe una legislación federal que exija la identificación del votante, para restringir el voto.
A medida que se acerca la temporada electoral de 2026, los derechos electorales y el acceso a las elecciones vuelven a estar en el centro del debate nacional. Nuevos desafíos legales, propuestas de requisitos de identificación del votante y cambios en la administración electoral están transformando el panorama electoral en todo el país, generando interrogantes sobre quién puede votar, cómo se emiten las papeletas y si se contarán todos los votos válidos.
American Community Media en su sesión informativa hablaron sobre el panorama cambiante de los derechos electorales, el acceso a las elecciones y los desafíos que enfrenta la democracia estadounidense a medida que se acerca a unas cruciales elecciones de medio término programadas para finales de este año.
Thomas A. Saenz, Presidente y Asesor Jurídico General del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educativa (MALDEF), comento que está podría ser la elección más importante que se haya enfrentado hasta la fecha en este país. Porque lo que está en juego, es un mayor control de la Cámara de Representantes y el Senado, así como las cruciales elecciones estatales y locales. Tradicionalmente, las elecciones de mitad de mandato como estas han tenido una participación menor que las elecciones presidenciales en los otros años.
En el panorama legal, se observan dos tipos diferentes de problemas electorales. Uno ha recibido más atención debido a una decisión reciente de la Corte Suprema en el caso Cali contra Luisiana, que cambió significativamente la prueba aplicada a las impugnaciones de la Ley de Derechos Electorales a los procesos de delimitación de distritos. Esto se refiere exclusivamente a la creación de distritos congresionales, distritos legislativos, juntas escolares, concejos municipales, distritos y similares.
En las semanas posteriores a la decisión de Cali, varios estados del Sur optaron por votar muy tarde. La gente ya había empezado a votar por correo, no obstante, el Tribunal Supremo ha permitido a estos estados rediseñar sus distritos congresionales a última hora, esas elecciones se celebrarán en primarias con distritos electorales diferentes y el efecto de esto ha sido la eliminación de varios escaños congresionales de mayoría afroamericana en el sur, eso significa que es mucho más difícil elegir a un candidato preferido de la comunidad en estos distritos recién rediseñados.
La Ley de Derechos Electorales sigue vigente para impugnar aquellas leyes estatales y locales que puedan restringir indebidamente el derecho al voto de las personas afroamericanas. Existen otras bases constitucionales y legales para impugnar tales restricciones. Algunos de estos desafíos ya están en marcha, pero los tribunales actúan con lentitud. Los votantes deben saber con anticipación lo que necesitan en particular en su estado, garantizando que estén informados para poder votar en el mes de noviembre, dónde se ubican los centros de votación.
Da Hae Kim, Gerente de Incidencia Política de VoteRiders, mencionó que la organización es líder en el país, dedicada a la educación sobre identificación de votantes y a brindar ayuda directa y gratuita a quienes necesitan una identificación para votar. Trabajan para revertir el daño causado por las leyes restrictivas de identificación. Millones de votantes corren el riesgo de ser silenciados por las leyes de identificación de votantes y las leyes de prueba documental de ciudadanía, que son dos tipos de leyes diferentes, cuyo objetivo es impedir que potencialmente millones de ciudadanos estadounidenses voten.
Las leyes de identificación de votantes se están implementando, un tipo de ley llamada “prueba documental de ciudadanía” se está proponiendo cada vez más a nivel estatal y federal. Ya sea que se requiera mostrar un documento, como un pasaporte o un certificado de nacimiento estadounidense, para registrarse para votar, o que se requiera verificar la base de datos, casi 4 millones de personas carecen de cualquier tipo de prueba documental de ciudadanía. El 35% de los votantes de 18 a 24 años, no tiene licencia y las estadísticas son igualmente preocupantes si se observa cuántos californianos tienen una licencia de conducir válida.
La organización ayuda con los costos relacionados con la obtención de una identificación, transporte a las oficinas, y los gastos relacionados con las identificaciones. La ayuda se realiza por medio de una solicitud ya sea por llamada telefónica o llenando un formulario en línea, luego un integrante del equipo se comunica con la persona y se hace una admisión, se trabaja con él para obtener las identificaciones.
Annelise Pierce, Fundadora y Editora Gerente de Shasta Scout, una organización de medios de comunicación sin fines de lucro ubicada en el condado de Shasta, es un lugar radicalmente diferente a la mayor parte de California, donde las posturas políticas son bastante de derecha y siempre lo han sido, son una zona rural, mayormente blanca, con mucha influencia religiosa.
Ha habido mucho antagonismo hacia el gobierno de California, la pandemia de COVID fue el comienzo de un verdadero giro hacia la derecha en la comunidad, trajeron nuevos líderes al gobierno del condado y ahí es más o menos donde empezó a ver cambios reales en el proceso electoral.
En las recientes elecciones primarias del 2 de junio, fue cuando se aprobó la medida B con unos 30,000 votos, la medida B, de implementarse, entre otras cosas, separaría el registro de votantes del condado de Shasta del del estado de California. Los promotores de esta medida electoral creen que es legal porque es un condado autónomo, lo que significa que establece algunas leyes propias, a nivel local, que son diferentes a las de los condados con leyes generales.
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