De la legalidad a la ilegalidad: Cómo la administración Trump reclasifica a los inmigrantes legales como “no autorizados”

Por Alma Contreras

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American Community Media en su conferencia de prensa nacional analizaron que desde que asumió el cargo, la administración Trump ha atacado incluso a inmigrantes legales con protecciones reconocidas, reduciéndolos a la categoría de “no autorizados”.

Esta estrategia se aceleró después de que un refugiado afgano y exmiembro de un escuadrón de élite afgano entrenado por la CIA disparara a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., incidente que la administración utilizó para culpar a los refugiados, restringir visas para 19 países y congelar las solicitudes de inmigración afganas. Al mismo tiempo, a medida que Estados Unidos se acerca al conflicto con Venezuela, está rescindiendo las vías legales y las protecciones para los venezolanos y otras comunidades.

Hiroshi Motomura es profesor y académico en materia de inmigración y ciudadanía, con influencia en diversas disciplinas académicas y en la formulación de políticas federales, estatales y locales, mencionó que lo primero que hay que entender es que las leyes estadounidenses tienen distintos estatus de migración legales que son la ciudadanía, el resultado es una cancelación masiva sin precedentes del estatus migratorio de personas que cumplieron todas las normas, creando una ruta de legal a “ilegal” que podría afectar a más de dos millones de personas y transformar fundamentalmente el significado de la inmigración legal, entre los grupos afectados se encuentran los beneficiarios de DACA, los titulares de TPS de varios países y los permisos humanitarios que benefician a cubanos, venezolanos, ucranianos y muchos otros.

La administración ha anunciado que están reexaminando y posiblemente quitando el estatus de residencia permanente legal (Green cards), esto está basado especialmente en lo que son admisiones de asilo y de refugiados, la administración quiere reevaluar todo esto, está intentando quitarles la ciudadanía a los ciudadanos, que quiere decir con esto, que son los inmigrantes que adquieren una ciudadanía.

La administración está intentando redefinir que significa ser un ciudadano estadounidense, la orden ejecutiva que ha presentado la administración al comienzo del 2025 quitaría la ciudadanía a las personas a menos que tengan tradicionalmente la ciudadanía, el haber nacido en los estados unidos, esto requeriría de un padre ciudadano o residente permanente legal, si esto llegara aprobarse quitaría la ciudadanía de muchas personas. La intensión de la administración en esta situación es asustar a la gente, que se sienta no bienvenida.

Laura Flores-Perilla, estudiante universitaria de primera generación, creció en un hogar de clase trabajadora e inmigrante en Tampa, Florida, mencionó que el Parol humanitario ha sido una herramienta que la administración ha utilizado en las últimas siete décadas para crear un camino seguro y legal hacia los Estados Unidos para que la gente pueda trabajar.

CHNV se refiere al programa de libertad condicional humanitaria para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, implementado por la administración Biden en 2023 para permitirles ingresar y permanecer temporalmente en EE. UU. hasta dos años, con permiso para trabajar si tenían un patrocinador en EE. UU., sin embargo, en marzo de 2025, la administración Trump anunció oficialmente la terminación de este programa, finalizando la entrada de nuevos beneficiarios y revocando el estatus de los existentes.

Adelys Ferro es una activista venezolano-estadounidense con más de 10 años de experiencia en defensa de los derechos humanos y trabajo humanitario. Actualmente, es Directora de Alianzas en Latino Victory y Directora Ejecutiva del Caucus Venezolano-estadounidenses, comentó que la Suprema Corte acaba de acceder a escuchar el caso del derecho de ciudadanía por las personas nacidas en Estados Unidos, todos los días se escucha a las personas que se sienten traicionadas, con miedo.

Los venezolanos se inscribieron para TPS, se presentaron en la corte, tenían permisos de trabajo, pagan impuestos, construyen pequeños negocios, sus hijos están en las escuelas, en las universidades y de la noche a la mañana todo se acabó, su vida les cambio. El sentimiento ahora es una mezcla de miedo, fatiga, pero con determinación de no vencerse y luchar por sus derechos.

La peor parte de la crisis venezolana en Estados Unidos es que no cuentan con un consulado, no hay una embajada, no cuentan con una representación política, aunque la gente quiera irse, no cuentan pasaporte, identificación que los identifique como venezolanos.

Honorable Juez Jeremiah Johnson, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), menciona que cuando se observa que están despidiendo a los jueces es que la administración está tratando de evitar la ley.

La ley dice que un juez de migración debe de conducir los procedimientos fuera de la deportación acelerada, el fiscal general se ha deshecho de muchos de los requisitos, se necesita jueces pero que estén bien capacitados que hubiera un programa de reclutamiento, hasta este momento muchos jueces se han ido, otros aceptaron el plan de retiro que les ofrecieron.

Hay una ley que dice que los jueces de migración deben llevar acabo estos procedimientos, estas audiencias y las evidencias solo se pueden presentar en la audiencia, desafortunadamente la detención es lo que ha con vertido en una estrategia de litigio.

American Community Media (ACoM) como anfitrión y organizador de la sesión informativa www.americancommunitymedia.org