Rastreo de la colaboración entre ICE y la policía: Herramientas para periodistas, demandas y lo que las autoridades no quieren que veas
- Alma Contreras
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Por Alma Contreras
Los departamentos de policía locales y las oficinas del sheriff desempeñan un papel cada vez más importante en la aplicación de las leyes de inmigración; sin embargo, gran parte de esta actividad sigue siendo difícil de rastrear. Los registros suelen estar incompletos, retrasados o retenidos, lo que impide que periodistas y comunidades tengan una visión clara de cómo opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a nivel local.
American Community Media en su sesión informativa nacional, los panelistas debatieron sobre los esfuerzos para obtener registros de la colaboración entre ICE y la policía, incluyendo litigios recientes en California, compartieron herramientas y estrategias para acceder a datos públicos en todo el país y explicaron cómo contactar con los investigadores y organizaciones que realizan este trabajo.
A medida que la aplicación de la ley se expande y se descentraliza, la rendición de cuentas depende de la información local. Saber cómo acceder a los registros, identificar la colaboración entre agencias, interpretar datos incompletos y aprovechar la experiencia existente es fundamental para informar al público y documentar el impacto en las comunidades.
David Loy director legal de la Coalición de la Primera Enmienda (FAC) en febrero de 2022, ha estado liderando esfuerzos para desafiar a las agencias gubernamentales que retienen registros, incluyendo una demanda reciente contra el Sheriff del Condado de Ventura para obtener el video de una redada que resultó en la muerte de un trabajador agrícola y el arresto de cientos.
Los ayudantes del sheriff del condado de Ventura también estaban presentes, y California tiene una ley muy estricta conocida como SP54, que restringe estrictamente la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración. Los registros de investigaciones realizadas por las fuerzas del orden generalmente no están sujetos a divulgación bajo la Ley de Registros Públicos de California así que se presentó una demanda impugnando.
El condado de Ventura llegó a un acuerdo en el que el que aceptó divulgar las grabaciones que son aproximadamente 10 horas de interacciones entre los ayudantes del sheriff, manifestantes y miembros de la comunidad. La transparencia es el oxígeno de la rendición de cuentas, y esto se aplica especialmente a las fuerzas del orden. El gobierno trabaja para el pueblo, el pueblo no trabaja para el gobierno.
Thadeus Greenson, Especialista en Educación para la Prensa, FAC, comentó que cuando se inició con la Coalición de la Primera Enmienda, fue con la finalidad de ayudar a los periodistas a acceder a la información y a superar los obstáculos en su labor periodística. Lo que se pretendía era publicar una serie de guías de campo que ofrecieran instrucciones e información detalladas sobre temas periodísticos específicos. Y debido al clima nacional, la aplicación de la ley de inmigración era la más importante o la más urgente para brindar buenas herramientas a los periodistas. Contiene instrucciones detalladas sobre cómo acceder a los centros de detención, por ejemplo, tribunales de inmigración y registros judiciales.
Aunque los informes del Departamento de Justicia son públicos, existe otra ley que exige que los centros de detención que operan bajo contrato con una ciudad, condado o agencia policial local estén sujetos a la Ley de Registros Públicos. La ACLU del Norte de California publicó un informe, que documentaba las comunicaciones entre el Departamento de Correcciones de California y Rehabilitación e ICE. Realmente pintaba un panorama de los funcionarios del CDCR intentando averiguar cómo transferir más reclusos a centros de detención de ICE.
Greenson aboga por centrar la atención en los niveles estatal y local, reconstruyendo la historia a partir de algunos detalles. Identificó cuatro fuentes de datos clave: informes de supervisión, contratos gubernamentales, comunicaciones interinstitucionales y registros policiales. Por ejemplo, los informes de inspección de los centros de detención, los memorandos de entendimiento firmados entre los gobiernos locales y el ICE, la correspondencia interna por correo electrónico e incluso los registros de llamadas al 911 pueden ser piezas importantes para reconstruir los hechos.
Elizabeth Clemons, Directora de Capacitación y Desarrollo, MuckRock, realizo un breve resumen de información sobre MuckRock, y también una introducción a las solicitudes de acceso a la información pública (FOIA, por sus siglas en inglés), se fundó para apoyar a periodistas, investigadores y al público en general en la presentación de solicitudes de acceso a la información pública. Su misión es promover la transparencia y la participación ciudadana.
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También se cuenta con Sunlight Research Desk, una nueva incorporación a MuckRock, este servicio permite a las redacciones brindar a sus comunidades periodismo de investigación transparente y basado en hechos, que exige responsabilidades a quienes ostentan el poder. Elizabeth se centra en las tres sesiones de capacitación gratuitas para su comunidad cada mes.
FOIA bajo Trump es diferente, especialmente bajo la segunda administración de Trump se ha visto que en las solicitudes de FOIA ha habido cierta demora en los tiempos de respuesta, y se tiene un analista de FOIA, que ahora trabaja en, y es un MuckRock, experto en diferentes administraciones, y ha dado una sesión sobre cómo FOIA, bajo Trump es diferente y más lento.
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Austin Kocher, Profesor Asistente de Investigación, Universidad de Syracuse; Investigador Asociado, American University, él estudia cómo funciona la aplicación de la ley de inmigración a través de los sistemas de detención locales y qué revelan los datos nacionales sobre esos patrones.
Su trabajo comenzó analizando la Sección 287G y las asociaciones liberales federales a través de lo que llaman descentralización. La descentralización de la aplicación de las leyes de inmigración y las agencias federales, las agencias locales, para sortear el precedente de la Corte Suprema que establece que las jurisdicciones locales no pueden realizar la aplicación de las leyes federales de inmigración.
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