La creciente red de vigilancia: El próximo capítulo de la guerra encubierta contra los inmigrantes
American Community Media llevó a cabo una conferencia en San Francisco para analizar el creciente uso de tecnología de vigilancia en las operaciones de control migratorio y los desafíos legales y comunitarios que están surgiendo ante estas prácticas.
Durante el último año, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han multiplicado en las principales ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con American Community Media, la administración Trump ha detenido a 590,000 inmigrantes, incluida la cifra récord de 50,000 solo durante julio. Cada vez más, la estrategia federal de inmigración se sustenta en tecnología de vigilancia que recopila datos públicos y privados, monitorea las redes sociales y la actividad digital, y captura información de las matrículas de vehículos para identificar a individuos.
Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, con sede en Portland, Oregón, lleva 30 años trabajando en la defensa de los derechos de los inmigrantes y abordando temas relacionados con la vigilancia. Mencionó el caso de Oregón bajo la “Operación Black Rose” y una grabación de cámara corporal obtenida durante la fase de descubrimiento de pruebas en el caso “MJMA contra el DHS”.
Explicó que el proceso comenzó como una petición de habeas corpus y posteriormente se convirtió en una demanda colectiva. Manning señaló que se ganó una moción para obligar a la entrega de información, conocida en inglés como “motion to compel”, lo que permitirá avanzar en la obtención de pruebas sobre los sistemas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionados con la vigilancia, su desarrollo y la manera en que se utilizan.
De acuerdo con Manning, estos sistemas recopilan información de diversas fuentes y la canalizan hacia un punto central.
Denise Bell, investigadora de derechos humanos y coautora del informe “Agents of Chaos and Cruelty”, explicó que este es el primero de una serie de informes publicados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que insta a los legisladores a promover cambios en el sistema migratorio del país.
Bell abordó tres puntos: cómo se realizó la investigación, los principales hallazgos y algunas de las formas en que los procedimientos de control migratorio hacen que los inmigrantes sean más vulnerables a la tecnología de vigilancia.
El informe analizó más de 1,200 incidentes de control migratorio ocurridos durante 2025 en Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Luisiana, Maryland y Nuevo México.
Bell señaló que las operaciones de control migratorio se han extendido a espacios cotidianos y explicó que el informe documentó incidentes relacionados con el uso de la fuerza, intimidación y discriminación racial.
De acuerdo con los hallazgos presentados por Bell, hubo personas detenidas por factores como su raza o etnia percibida, el idioma que hablaban, su acento o su presencia en determinados lugares. También mencionó casos de agentes con los rostros cubiertos, vehículos sin distintivos oficiales y vestimenta que dificultaba identificar rápidamente a qué agencia pertenecían.
Steven Hubbard, científico de datos sénior del American Immigration Council, habló sobre la inteligencia artificial y su presencia en la aplicación de las leyes de inmigración y la vigilancia gubernamental. Explicó que gran parte de la inteligencia artificial utilizada por el gobierno es distinta a los modelos de chat con los que las personas interactúan habitualmente.
En muchos casos, dijo, lo más relevante no es la inteligencia artificial en sí, sino la enorme cantidad de datos que las agencias gubernamentales pueden buscar, conectar y analizar.
Hubbard dividió estas tecnologías en tres categorías generales. La primera es el aprendizaje automático o “machine learning”, que detecta patrones y asociaciones en los datos para generar predicciones y clasificaciones, como ocurre en sistemas utilizados para detectar posibles fraudes o asignar niveles de riesgo.
La segunda es la inteligencia artificial lingüística, que procesa textos y puede revisar y clasificar información, traducir, generar resúmenes o localizar datos específicos dentro de grandes volúmenes de información.
Por último, está la visión artificial, que analiza imágenes y videos. El reconocimiento facial ocupa un lugar importante dentro de estas tecnologías. Hubbard mencionó sistemas como Mobile Fortify y también habló de los lectores automáticos de matrículas, capaces de captar y procesar información de las placas de los vehículos.
Explicó que estas tecnologías pueden combinarse entre sí, una tendencia que se observa cada vez con mayor frecuencia.
Saira Hussain, abogada sénior de Electronic Frontier Foundation, habló sobre la recopilación y consolidación de datos que realiza el gobierno federal. Explicó que parte de la estrategia consiste en reunir tanta información como sea posible sobre las personas a través de diferentes fuentes.
Mencionó el programa “Secure Communities”, mediante el cual las huellas dactilares procesadas por las autoridades pueden llegar al ICE. También habló del intercambio de información entre diferentes dependencias gubernamentales y mencionó datos fiscales, información de Medicaid y registros electorales estatales.
Otro punto abordado fue la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA), organización que, entre otras funciones, gestiona una base de datos relacionada con licencias de conducir comerciales y participa en sistemas de verificación relacionados con REAL ID.
Hussain también mencionó el caso “UAW contra el Departamento de Estado”, relacionado con la vigilancia de redes sociales de titulares de visas, y señaló que algunas categorías están sujetas a requisitos relacionados con sus perfiles en estas plataformas.
Durante la conferencia también se habló de los acuerdos 287(g), que permiten a determinadas agencias policiales estatales y locales colaborar con las autoridades federales en funciones de control migratorio.
Jonathan Paz, exempleado de Flock Safety y candidato al Congreso por el 5º Distrito de Massachusetts, relató su experiencia trabajando para la compañía entre 2024 y mediados de 2025. Formó parte del equipo de asuntos gubernamentales y representó a la empresa ante concejos municipales, audiencias públicas y funcionarios electos.
Paz explicó que uno de los principales argumentos utilizados para promover los sistemas de lectores automáticos de matrículas era que podían ayudar a encontrar niños desaparecidos, recuperar vehículos robados y resolver casos de atropellos con fuga.
Sin embargo, Paz cuestionó esas afirmaciones y aseguró que lo que motivó su salida fue darse cuenta de que empresas tecnológicas como Flock tenían como función principal vigilar al público y, según afirmó, operaban evitando el escrutinio público y legal.
También sostuvo que uno de los objetivos era introducir estas tecnologías en los presupuestos municipales y que, una vez incorporadas, resultaba difícil retirarlas.
Paz mencionó además a otras empresas de tecnología de vigilancia y expresó fuertes críticas sobre el nivel de supervisión legal que enfrentan. Durante su intervención también habló de su participación en una red de respuesta rápida en Massachusetts y en la creación de una línea de ayuda denominada “Luce Hotline”.
Asimismo, advirtió sobre el alcance de las redes de lectores automáticos de matrículas y señaló que, si existe una alta concentración de agentes de ICE y cámaras de este tipo en una comunidad, debe considerarse la posibilidad de que las autoridades tengan información sobre los vehículos que entran y salen del área.
Brian Hofer, director ejecutivo de Secure Justice, explicó que gran parte de su trabajo se desarrolla a nivel municipal con ciudades y condados. Su carrera se ha centrado en el concepto de “control comunitario sobre la vigilancia policial”, un marco utilizado para evaluar tecnologías de vigilancia.
Hofer señaló que, gracias a la inteligencia artificial y a la disponibilidad de grandes cantidades de datos, se ha facilitado la elaboración de perfiles y la localización de personas.
También explicó que los centros de gestión de delitos en tiempo real están proliferando y que empresas como Flock, Motorola y Axon ofrecen tecnologías capaces de combinar información proveniente de lectores de matrículas y diferentes sistemas de cámaras.
Hofer señaló que dos de las estrategias que considera más efectivas para enfrentar los posibles abusos de estas tecnologías son recurrir a los tribunales y aumentar la participación ciudadana ante los concejos municipales.
Kimberly Woo, organizadora comunitaria de SIREN Immigrant Rights, habló sobre las acciones emprendidas contra el uso de cámaras Flock en el Área de la Bahía. SIREN es una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia para los inmigrantes y presta servicios a comunidades de inmigrantes y refugiados en el Área de la Bahía y el Valle Central.
Woo expresó preocupación por la cantidad de información personal que puede recopilarse mediante diferentes herramientas de vigilancia y por la manera en que esos datos pueden ser utilizados.
También habló de una demanda en la que SIREN se unió al Consejo de Relaciones Islámico-estadounidenses (CAIR) en California contra la ciudad de San José. La controversia está relacionada con el acceso policial a una amplia base de datos de lectores automáticos de matrículas. La demanda cuenta con representación de Electronic Frontier Foundation y la ACLU del Norte de California.
Woo mencionó además el caso de Mountain View, donde una coalición de organizaciones y miembros de la comunidad impulsó una campaña contra el uso de estas cámaras. El Concejo Municipal votó por unanimidad para poner fin al uso de Flock y retirar las cámaras, además de descartar la exploración de proveedores alternativos de sistemas similares.
Desde entonces, explicó, la coalición se ha extendido a otras localidades del condado de Santa Clara.
Lena Graber, abogada gerente sénior del Immigrant Legal Resource Center, lleva casi dos décadas trabajando en temas relacionados con los derechos de los inmigrantes y la aplicación de las leyes migratorias. Se especializa en políticas de santuario y en la colaboración entre las policías locales y el ICE.
Graber expresó fuertes críticas a las políticas migratorias de la administración Trump y señaló que durante los últimos años se han implementado nuevas normas y políticas que, desde su perspectiva, dificultan la obtención de un estatus legal y restringen las protecciones disponibles dentro del sistema migratorio.
También explicó que las herramientas de vigilancia proporcionan al ICE nuevas fuentes de información mediante la integración de bases de datos federales, la compra de registros a intermediarios de datos y el rastreo de redes sociales, lo que permite generar más información sobre quién podría estar sujeto a las leyes de deportación.
Graber sostuvo que la vigilancia no debe analizarse únicamente como un asunto tecnológico, sino también político, debido al poder que otorga a los gobiernos para recopilar información sobre las personas.
Finalmente, Abdi Soltani, director ejecutivo de la ACLU del Norte de California, señaló que, además de las protecciones contempladas en la Constitución federal, California cuenta con protecciones constitucionales estatales relacionadas con la privacidad.
Explicó que cada vez se presentan más demandas basadas en el derecho explícito a la privacidad contemplado en la Constitución de California, así como en las protecciones contra registros e incautaciones arbitrarios.
Soltani señaló que este es un momento en el que, desde su perspectiva, California debe asumir un papel de liderazgo en materia de derechos civiles y cuestiones constitucionales.
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